La Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia revisará este lunes 14 de junio a las 8:00 a.m. el primer caso público judicializado de discriminación por orientación sexual. Esta será la máxima instancia nacional que puede pronunciarse sobre el proceso contencioso administrativo.

En la audiencia tomará la palabra el demandante Crissthian Manuel Olivera Fuentes, activista gay y actual Director Ejecutivo del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL).

El proceso se sigue contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y Supermercados Peruanos S.A., razón social de la extinta cadena de supermercados Santa Isabel (actual Plaza Vea y Vivanda).

El demandante solicita declarar fundado su recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida por la Segunda Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Dicha apelación está sustentada en la interpretación errónea del artículo 7º-B (tercer párrafo) y del artículo 2º de la Ley de Protección al Consumidor, así como de los artículos 2º (inciso 2) y 65º de la Constitución Política de Perú.
La Corte Superior de Justicia de Lima no hace una interpretación “pro consumidor” e incumple con “el deber especial de protección al consumidor" y la obligación de interpretar las normas conforme al criterio más favorable a éste.

El artículo 65º de la Carta Magna peruana recoge estos principios, texto que en opinión del Tribunal Constitucional peruano reconoce: “el derecho de defenderse de los consumidores y usuarios en los casos de transgresión o desconocimiento de sus legítimos intereses”. Este “deber  especial de protección” de los derechosde los consumidores se concretiza “también en el planos de la actuación de los órganos administrativos”.

El caso se inició el 11 de agosto de 2004, cuando Olivera fue maltratado y discriminado junto a quien era su pareja por tener muestras de afecto en público dentro de la cafetería del supermercado Santa Isabel. Luego, el 17 de agosto de ese mismo año ambos fueron expulsados por razón de su orientación sexual en otro local de la misma cadena de supermercados. Desde entonces, el proceso es impulsado por la organización DEMUS.

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