Una vez más, la Santa Sede retuerce la realidad para defender sus posiciones homófobas. El arzobispo Silvano M. Tomasi, representante vaticano en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, declaró hace unos dias que “la gente está siendo atacada por no apoyar las relaciones entre personas del mismo sexo”. Añadió que esos “ataques” son “violaciones de derechos fundamentales y no pueden ser justificados bajo ninguna circunstancia”.

Estas palabras se pronunciaron durante el debate que precedió a la declaración contra la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género que fue firmada por 85 países el pasado martes. Tomasi llegó a decir que hay personas que están siendo “estigmatizadas y peor aún, vilipendiadas y perseguidas” por sus puntos de vista homófobos, “que también son expresión de sus convicciones religiosas u opiniones sentadas sobre hechos científicos”.

El representante del Vaticano (país que mediante la persona jurídica de la Santa Sede participa en la ONU con observadores permanentes en Ginebra y Nueva York) declaró también que habría que distinguir entre sentimientos y conductas, y que apoya el consenso internacional para prohibir por ley ciertos comportamientos sexuales como la pederastia y el incesto.

La postura de la Santa Sede en el asunto de los derechos LGTB se acerca a la de países como Rusia, cuyo representante en el Consejo de Derechos Humanos, tras oponerse a toda forma de violencia por estas causas, condenó los “intentos de algunos Estados de aislar y juzgar a los Estados que tienen una postura más severa con respecto a la orientación sexual”. Asimismo, el representante nigeriano manifestó que según decisión de la Unión Africana rechazan toda discriminación por cualquier condición, pero que los conceptos de orientación sexual e identidad de género van “en contra de los valores africanos”.

No es la primera vez que la iglesia católica se opone a condenar la violencia o la criminalización de las personas LGTB. Por citar solo dos ejemplos, en diciembre de 2008 informábamos de su posición contraria al proyecto de Francia para promover en la ONU la despenalización universal de la homosexualidad y en enero de este año, se movilizó para evitar que el Consejo de Europa emitiera una resolución contraria a la discriminación de gays, lesbianas y transexuales.

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